En principio, el comportamiento de todos los fenómenos de la naturaleza son predecibles. Algunos son simples y sencillos de modelizar; otros, por el contrario, guían su conducta en función de un complejo entramado de ecuaciones que interactúan entre sí. Eso sí, se requiere, para poder predecir dichos comportamientos, el establecimiento de un punto de inicio en dichos fenómenos.
La teoría del caos –de hecho, son teorías-, nos dice que existe una serie de fenómenos naturales que, aun ajustándose su comportamiento a una serie de reglas y ecuaciones, resultan imposibles de modelizar de forma exacta ya que se desconoce el punto de partida. Un ejemplo, son las predicciones meteorológicas. Por ello, ligeras desviaciones en el punto de partida escogido pueden llevar, a la larga, a grandes desviaciones entre el comportamiento previsto, y el comportamiento efectivamente observado. Es lo que se suele denominar “efecto mariposa”.
Pues bien, por suerte, vivimos en un Estado democrático de derecho y, en él, todos sabemos de qué punto partimos: la ley. En ella se establecen toda una serie de mecanismos que permiten predecir de forma más o menos precisa qué consecuencias jurídicas tiene la realización de ciertos actos u omisiones. Para que siga siendo un sistema predecible y justo (es decir, que se mantenga la seguridad jurídica), los criterios políticos deben entrometerse lo menos posible en el funcionamiento del sistema judicial.
Así pues, en los últimos días, hemos asistido a la polémica causada por la no atenuación de la condena al etarra De Juana Chaos. Cierto partido ha acusado al Gobierno de querer liberar a un asesino de 25 personas; dicho partido obvia el punto de partida del que hablábamos antes –la ley-, según el cual el reo no está ya en prisión por los 25 asesinatos (ya ha cumplido condena por esos crímenes), sino por pertenencia a banda armada.
La teoría del caos –de hecho, son teorías-, nos dice que existe una serie de fenómenos naturales que, aun ajustándose su comportamiento a una serie de reglas y ecuaciones, resultan imposibles de modelizar de forma exacta ya que se desconoce el punto de partida. Un ejemplo, son las predicciones meteorológicas. Por ello, ligeras desviaciones en el punto de partida escogido pueden llevar, a la larga, a grandes desviaciones entre el comportamiento previsto, y el comportamiento efectivamente observado. Es lo que se suele denominar “efecto mariposa”.
Pues bien, por suerte, vivimos en un Estado democrático de derecho y, en él, todos sabemos de qué punto partimos: la ley. En ella se establecen toda una serie de mecanismos que permiten predecir de forma más o menos precisa qué consecuencias jurídicas tiene la realización de ciertos actos u omisiones. Para que siga siendo un sistema predecible y justo (es decir, que se mantenga la seguridad jurídica), los criterios políticos deben entrometerse lo menos posible en el funcionamiento del sistema judicial.
Así pues, en los últimos días, hemos asistido a la polémica causada por la no atenuación de la condena al etarra De Juana Chaos. Cierto partido ha acusado al Gobierno de querer liberar a un asesino de 25 personas; dicho partido obvia el punto de partida del que hablábamos antes –la ley-, según el cual el reo no está ya en prisión por los 25 asesinatos (ya ha cumplido condena por esos crímenes), sino por pertenencia a banda armada.
El gobierno, por su parte, a través del Fiscal General del Estado, ha tratado de hacer política a través del sistema judicial. Con la resolución de la semana pasada -desestimando la atenuación del grado penitenciario del criminal en cuestión- no ha ganado ni un partido, ni el otro, sino todos, al aplicarse directamente la ley. No cediendo a presiones políticas ni a los chantajes del reo (es la tercera vez que se declara en huelga de hambre y, en esta ocasión, todavía no corre serio peligro su vida) los jueces han evitado que, también en nuestro sistema judicial, reinara la teoría del chaos.